A inicios del presente siglo, en países de la Región de las Américas y específicamente en Perú se continúan presentando una serie de esfuerzos legislativos ambientales y acciones puntuales para frenar a la minería ilegal, que en forma aislada tratan de solucionar la crisis ambiental, con un nivel de acatamiento tan bajo en la población, que hace necesario tener una mayor aproximación sobre el tema para saber lo que está ocurriendo con este problema recurrente.
La destrucción del ambiente por los efectos nocivos de la minería ilegal,crearon espacios políticos para nuevas demandas sociales, como es el caso de las demandas ambientales, constituyéndose en permanente tema de reflexión; por lo que en búsqueda de encontrar argumentos consistentes, invitamos a meditar sobre la necesidad que el país cuente con una Política de Estado sobre el particular que se constituya en un Norte de la suma de voluntades para reducir el impacto de este flagelo que viene azotando importantes partes del territorio peruano.
La Cordillera de los Andes, que atraviesa longitudinalmente todo el país de norte a sur, contribuye de modo inexorable que Perú seas un productor polimetálico a través de su historia.
La evolución de la estructura del estado y el derecho
impuesto concerniente a la explotación y comercio del producto de las minas de oro y plata establecida en las Leyes de Indias, generó en territorio peruano no solamente el manejo formal de los recursos mineros, sino que dio paso a la informalidad e ilegalidad en el aprovechamiento de los recursos mineros ya sean estos públicos o privados.
El sello que identifica el proceso seguido en el manejo de los recursos mineros se manifestó en la gestión de productos de minas de plata y fundamentalmente para la producción de las minas de oro.
La escasez relativa del oro determinaba la disposición al
pago, intercambio o trueque y en suma, su precio competitivo frente a otros minerales, materias primas o commodities.
Lo antes mencionado se presentó desorganizadamente al inicio en la época pre Inca (6,000 a.c-1450 d.c) donde la población al pasar de grupos de nómades se fueron sedentarizando y formaron entre otras, las culturas Paracas,Nazca,Wari e Ica-Chincha.
Posteriormente, esta última estableció un
triángulo comercial entre la sierra sur andina altiplánica (Bolivia) y el límite de la costa norte (Ecuador),constituyendo los albores del comercio internacional peruano; productos como el oro peruano y el mullu Ecuatoriano (Conchas del Spondylus) para fines
religiosos, fueron transacciones que generaron importantes actividades económicas.
En el proceso histórico seguido a través de las ruinas en la cultura pre incaica_costa norte de Perú_se registró gran cantidad de oro
enterrado junto con los muertos en las tumbas, muchas de las cuales fueron profanadas por huaqueros, quienes se constituyeron en una suerte de precursores de la minería ilegal al saquear el oro de los restos arqueológicos.
Sin embargo, en aquella época no se supo cómo organizar la actividad minera ni administrar los productos.
Fue en la época del incanato, donde recién se instauró una administración minera organizada bajo dominio del Inca, asignando áreas de explotación, surgió el criterio de propiedad de los recursos mineros obtenidos, se fiscalizó la calidad del mineral resultante y sobre todo, existió el desarrollo armónico y respeto con la Pacha Mama (Madre Tierra), Yaku Mama (Abuelita Agua), Pacha Kamac (deidad del mundo subterráneo) y la naturaleza toda donde se depositaban las lágrimas del Dios Sol (oro).
Registros de piezas de oro como la Venus de frías, máscara del señor del Señor de Sipán y el Tumi o cuchillo de Illimo son evidencias de la majestuosidad con que se trabajaba el oro en diversas culturas pre incas hasta llegar a la cultura Inca.
La mayor producción de oro provenía de la cordillera de los Andes y de la Selva alta, en las entrañas de la Pacha Mama.
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| Petroglifos de Montecristo_Shunté,registran minería de oro en cuencas de selva alta y sierra Liberteña . |
Debido a su naturaleza divina relacionada con el Inti (dios Sol), en ese entonces, el Inca fue sujeto de adoración por su pueblo, quienes le ofrendaban tesoros religiosos concernientes en productos de oro y plata.
En este escenario, los pueblos conquistados y sometidos por los Incas fueron adaptados al incanato, sin embargo, existieron los mitimaes que fueron grupos de familias separadas y desplazadas de sus comunidades por el imperio inca con fines políticos y estratégicos.
Sin duda, fue entre otras, una de sus funciones el proteger la cuota de tesoros religiosos cuando las funciones de estos colonos fueran de carácter productivas y de defensa.
En la época de la conquista española y tras el episodio de rescate pagado por Atahualpa_ a precios actuales del oro,se podría considerar que este pago fue el mayor de la historia de la humanidad por rescatar a una persona_ los conquistadores encontraron las minas de oro donde los incas desarrollaban labores mineras y que posteriormente asumieron los conquistadores utilizando la mita.
Con el sistema de la mita se logró reclutar ingentes recursos humanos para la extracción de minerales.Dichos mineros fueron llamados Mitmas (Sierra) y Cori (Costa).
La población indígena fue reducida considerablemente con el ritmo de trabajo impuesto por el sistema, hecho que contribuyó sustantivamente en la desintegración cultural.
Se considera que fueron las minas de Plata en Porco (Bolivia) las que más se explotaron en la época Inca y el oro en múltiples minas diseminadas superficialmente y en algunas labores subterráneas. Para poder excavar la tierra, los mineros de ese entonces usaron cuernos de ciervo y cuernos cosidos en forma de sacos para sacar el mineral.
En las labores mineras se excavaron entre 10 a 20 brazas (16.7 a 33.4 metros) sin luz natural y con espacios reducidos para movilizarse, tal como realiza actualmente la minería artesanal en los socavones del tipo de minería subterránea.
Registros actualizados a Diciembre del año 2012, consideran familias desplazadas a la población que vive en centros poblados de menos de cuatrocientos (400) viviendas, ubicados en el quintil más bajo de pobreza,habla en lengua nativa y tiene bajo nivel educativo. Estamos hablando entonces de 4.78 millones de peruanos ; es decir, el 16% de la población peruana.
A mayo del año 2013, la actividad minera formal en Perú permitió el sustento de un total de 3 millones y medio de personas, entre empleos directos e indirectos. Sin embargo la minería ilegal, se nutre de una gran parte de los mencionados recursos humanos excluidos y pobreza extrema,característica que explicáramos antes en informalidad minera organizada y cachorreo en los altos andes.
Decíamos entonces que en Perú, se evidencia el accionar de la informalidad minera como un intermedio entre la actividad minera legal y la actividad minera ilegal, sobre la base del uso de medios y fines.
Las actividades mineras formales tienen fines legales,pero algunas son conducidas ilegalmente porque es difícil para los concesionarios mineros cumplir con regulaciones oficiales en el marco de las múltiples autoridades competentes y la inadecuada regulación ambiental.No es que tengan previsto actuar bajo el radar de las normas ambientales peruanas,es que simplemente en ciertos proyectos mineros no se ha logrado internalizar la licencia social producto del conocimiento real de la existencia de pasivos ambientales.
La falta de una apropiada comunicación entre los actores sociales impide un accionar concensuado respecto del impacto producido por labores mineras que deben ser atendidas ajustadas a Ley.
Las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.Por ello en base a mimetismo,simbiosis y sinergias,penetran e inficionan a personas naturales y jurídicas; aprovechando fallas de mercado y débil presencia del estado en algunas partes vulnerables del territorio peruano, donde coludiéndose con otras formas ilícitas conforman lo que en estricto significan las asociaciones ilícitas para delinquir, articulándose sistémicamente con el contrabando hormiga,Tráfico Ilícito de Drogas (TID), trata de personas, sicariato, lavado de activos y distintas otras formas de corrupción ("diezmos" por proyectos y obras de infraestructuras en algunas regiones y municipios, "promotores" de conflictos sociales con toma de carreteras, extorsionadores, traficantes de concesiones mineras y tierras...) que se encuentran amparadas bajo el manto protector de la cooperación y alianza estratégica entre mafias nacionales e internacionales del narcotráfico y grupos armados extremistas que en Perú tomó el nombre de narcoterrorismo.
Cabe mencionar que el manto de impunidad no solamente se extendió por el gran poder económico demostrado en el accionar de organizaciones criminales, sino que también debido a infiltraciones en organismos tutelares de la nación y en el propio Congreso de la República.
Esta denominación de "informalidad minera" tiene como soporte el hecho que sólo pueden ser considerados como infracciones las contenidas expresamente en normas de la misma naturaleza.Es así que la infracción,bajo la óptica del derecho general es considerado como toda acción u omisión que importe violación de normas, de allí subyace lo prescrito en la infracción penal e infracción tributaria.
Toda vez que el oro se encareció un 149% entre 1998 y el 2008 (casi el doble del crecimiento de otras materias primas durante el mismo periodo) y alcanzó un precio máximo de todos los tiempos en el año 2011, hecho que dinamizó e incentivó la dimensión de la minería ilegal presente desde épocas pasadas en Perú.
La ya derogada constitución de 1979 creó la figura del canon y en consecuencia dió origen al “canon minero”, asignando con ello una suerte de derecho de propiedad sobre la explotación formal del recurso minero focalizado en una localidad frente a otros territorios del país que no cuentan con minerales.
A la ineficaz demarcación política territorial se le agregó la separación entre los departamentos (hoy en proceso trunco de convertirse en regiones) con recursos mineros y quienes no lo tienen, lo que finalmente influyó en separar a las poblaciones que "en teoría" manejaran mayores recursos económicos que a otros, para atender sus requerimientos de crecimiento y desarrollo.
Así entonces, la legislación peruana consideró el canon minero como un porcentaje del impuesto a la Renta _Inicialmente fue el 25% y actualmente representa el 50%_que pagan las empresas formales al explotar los recursos mineros que retornan a la localidad donde se realizan las labores mineras, en suma donde se realiza la producción del mineral
Este derecho generó pues contradicciones y exclusiones que se originaron, por un lado, no tomando en cuenta los procesos de traslado de recursos mineros de una cuenca a otra fuera de la demarcación política (ya sea por carácter natural o de naturaleza antrópica que actúan fuera del alcance del radar de la ley) y por otro, desprotegió jurídicamente a los recursos naturales (mineros) y bienes que conforman el dominio público como Patrimonio de toda la Nación; dando sustento a la tesis promovidas por intereses particulares que indican "el Estado no tiene la propiedad sobre los recursos naturales sino un dominio eminencial, eminente o vigilante". Esta situación jurídica además de vulnerar el derecho de propiedad del Estado sobre los recursos naturales (minerales) como bienes integrantes del Dominio Público afecta los intereses nacionales y dilata el crecimiento y desarrollo en las poblaciones más vulnerables del país. Un indicador constituye el hecho irrefutable que faltando ocho años para cumplir los 200 años de independencia del Perú, aún existan poblaciones en territorio peruano que carezcan de servicios básicos, muchos de los cuales se encuentran en zonas de influencia de proyectos mineros. Esta brecha de desigualdad no puede alargarse en tanto se visualiza que una gran mayoría de peruanos siente de cerca el progreso.
En el 2013, los efectos volátiles externos que generaron la caída de los precios internacionales de los minerales y la dinámica interna de conflictos sociales e inercia burocrática, produjeron una suma de efectos relacionados al incremento de costos de producción, reducción de exploración y explotación minera, entre otros que sumados al impuesto extraordinario, redujeron sustantivamente el canon minero.
En tanto el canon minero se cae,la minería ilegal y las poblaciones excluidas relacionadas a su existencia, subsisten en el tiempo.
En este escenario, los pueblos conquistados y sometidos por los Incas fueron adaptados al incanato, sin embargo, existieron los mitimaes que fueron grupos de familias separadas y desplazadas de sus comunidades por el imperio inca con fines políticos y estratégicos.
Sin duda, fue entre otras, una de sus funciones el proteger la cuota de tesoros religiosos cuando las funciones de estos colonos fueran de carácter productivas y de defensa.
En la época de la conquista española y tras el episodio de rescate pagado por Atahualpa_ a precios actuales del oro,se podría considerar que este pago fue el mayor de la historia de la humanidad por rescatar a una persona_ los conquistadores encontraron las minas de oro donde los incas desarrollaban labores mineras y que posteriormente asumieron los conquistadores utilizando la mita.
Con el sistema de la mita se logró reclutar ingentes recursos humanos para la extracción de minerales.Dichos mineros fueron llamados Mitmas (Sierra) y Cori (Costa).
La población indígena fue reducida considerablemente con el ritmo de trabajo impuesto por el sistema, hecho que contribuyó sustantivamente en la desintegración cultural.
Se considera que fueron las minas de Plata en Porco (Bolivia) las que más se explotaron en la época Inca y el oro en múltiples minas diseminadas superficialmente y en algunas labores subterráneas. Para poder excavar la tierra, los mineros de ese entonces usaron cuernos de ciervo y cuernos cosidos en forma de sacos para sacar el mineral.
En las labores mineras se excavaron entre 10 a 20 brazas (16.7 a 33.4 metros) sin luz natural y con espacios reducidos para movilizarse, tal como realiza actualmente la minería artesanal en los socavones del tipo de minería subterránea.
La historia se repite.Ese es uno de los errores de la historia
En la época Republicana y actual, los conocidos traslados forzados de poblaciones, de una zona a otras son determinados por el incremento de motilidad en los niveles de exclusión y pobreza extrema que dan cuenta los números de centros poblados menores de cien (100) habitantes registrados por los Censos Nacionales en Perú:44.519 (1981), 55.000(1993) y 73.611 (2007).Registros actualizados a Diciembre del año 2012, consideran familias desplazadas a la población que vive en centros poblados de menos de cuatrocientos (400) viviendas, ubicados en el quintil más bajo de pobreza,habla en lengua nativa y tiene bajo nivel educativo. Estamos hablando entonces de 4.78 millones de peruanos ; es decir, el 16% de la población peruana.
A mayo del año 2013, la actividad minera formal en Perú permitió el sustento de un total de 3 millones y medio de personas, entre empleos directos e indirectos. Sin embargo la minería ilegal, se nutre de una gran parte de los mencionados recursos humanos excluidos y pobreza extrema,característica que explicáramos antes en informalidad minera organizada y cachorreo en los altos andes.
Decíamos entonces que en Perú, se evidencia el accionar de la informalidad minera como un intermedio entre la actividad minera legal y la actividad minera ilegal, sobre la base del uso de medios y fines.
Las actividades mineras formales tienen fines legales,pero algunas son conducidas ilegalmente porque es difícil para los concesionarios mineros cumplir con regulaciones oficiales en el marco de las múltiples autoridades competentes y la inadecuada regulación ambiental.No es que tengan previsto actuar bajo el radar de las normas ambientales peruanas,es que simplemente en ciertos proyectos mineros no se ha logrado internalizar la licencia social producto del conocimiento real de la existencia de pasivos ambientales.
La falta de una apropiada comunicación entre los actores sociales impide un accionar concensuado respecto del impacto producido por labores mineras que deben ser atendidas ajustadas a Ley.
Las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.Por ello en base a mimetismo,simbiosis y sinergias,penetran e inficionan a personas naturales y jurídicas; aprovechando fallas de mercado y débil presencia del estado en algunas partes vulnerables del territorio peruano, donde coludiéndose con otras formas ilícitas conforman lo que en estricto significan las asociaciones ilícitas para delinquir, articulándose sistémicamente con el contrabando hormiga,Tráfico Ilícito de Drogas (TID), trata de personas, sicariato, lavado de activos y distintas otras formas de corrupción ("diezmos" por proyectos y obras de infraestructuras en algunas regiones y municipios, "promotores" de conflictos sociales con toma de carreteras, extorsionadores, traficantes de concesiones mineras y tierras...) que se encuentran amparadas bajo el manto protector de la cooperación y alianza estratégica entre mafias nacionales e internacionales del narcotráfico y grupos armados extremistas que en Perú tomó el nombre de narcoterrorismo.
Cabe mencionar que el manto de impunidad no solamente se extendió por el gran poder económico demostrado en el accionar de organizaciones criminales, sino que también debido a infiltraciones en organismos tutelares de la nación y en el propio Congreso de la República.
Esta denominación de "informalidad minera" tiene como soporte el hecho que sólo pueden ser considerados como infracciones las contenidas expresamente en normas de la misma naturaleza.Es así que la infracción,bajo la óptica del derecho general es considerado como toda acción u omisión que importe violación de normas, de allí subyace lo prescrito en la infracción penal e infracción tributaria.
Toda vez que el oro se encareció un 149% entre 1998 y el 2008 (casi el doble del crecimiento de otras materias primas durante el mismo periodo) y alcanzó un precio máximo de todos los tiempos en el año 2011, hecho que dinamizó e incentivó la dimensión de la minería ilegal presente desde épocas pasadas en Perú.
Minería ilegal,Canon minero y exclusión
La Minería ilegal se desarrolla y evoluciona a través de la historia sin otorgar consideración alguna por ningún impuesto creado o por crearse de acuerdo a Ley. Su esencia es moverse dentro de la ilegalidad y al margen de las normas tributarias y todo ordenamiento jurídico que significa el uso de la Ley como instrumento del derecho para producir justicia.La ya derogada constitución de 1979 creó la figura del canon y en consecuencia dió origen al “canon minero”, asignando con ello una suerte de derecho de propiedad sobre la explotación formal del recurso minero focalizado en una localidad frente a otros territorios del país que no cuentan con minerales.
A la ineficaz demarcación política territorial se le agregó la separación entre los departamentos (hoy en proceso trunco de convertirse en regiones) con recursos mineros y quienes no lo tienen, lo que finalmente influyó en separar a las poblaciones que "en teoría" manejaran mayores recursos económicos que a otros, para atender sus requerimientos de crecimiento y desarrollo.
Así entonces, la legislación peruana consideró el canon minero como un porcentaje del impuesto a la Renta _Inicialmente fue el 25% y actualmente representa el 50%_que pagan las empresas formales al explotar los recursos mineros que retornan a la localidad donde se realizan las labores mineras, en suma donde se realiza la producción del mineral
Este derecho generó pues contradicciones y exclusiones que se originaron, por un lado, no tomando en cuenta los procesos de traslado de recursos mineros de una cuenca a otra fuera de la demarcación política (ya sea por carácter natural o de naturaleza antrópica que actúan fuera del alcance del radar de la ley) y por otro, desprotegió jurídicamente a los recursos naturales (mineros) y bienes que conforman el dominio público como Patrimonio de toda la Nación; dando sustento a la tesis promovidas por intereses particulares que indican "el Estado no tiene la propiedad sobre los recursos naturales sino un dominio eminencial, eminente o vigilante". Esta situación jurídica además de vulnerar el derecho de propiedad del Estado sobre los recursos naturales (minerales) como bienes integrantes del Dominio Público afecta los intereses nacionales y dilata el crecimiento y desarrollo en las poblaciones más vulnerables del país. Un indicador constituye el hecho irrefutable que faltando ocho años para cumplir los 200 años de independencia del Perú, aún existan poblaciones en territorio peruano que carezcan de servicios básicos, muchos de los cuales se encuentran en zonas de influencia de proyectos mineros. Esta brecha de desigualdad no puede alargarse en tanto se visualiza que una gran mayoría de peruanos siente de cerca el progreso.
En el 2013, los efectos volátiles externos que generaron la caída de los precios internacionales de los minerales y la dinámica interna de conflictos sociales e inercia burocrática, produjeron una suma de efectos relacionados al incremento de costos de producción, reducción de exploración y explotación minera, entre otros que sumados al impuesto extraordinario, redujeron sustantivamente el canon minero.
En tanto el canon minero se cae,la minería ilegal y las poblaciones excluidas relacionadas a su existencia, subsisten en el tiempo.
Formalización minera e interdicción
Como producto de la acción o inacción histórica de los encargados de combatir la ilegalidad minera en el país, se presentó la creciente tendencia de la minería ilegal como cuellos de botella multiplicados en los procesos dinámicos identificados.
En la actualidad es un tema que ya no se circunscribe solo a regiones como Madre de Dios y Puno, sino que se extiende a todas las regiones del país.
El delito de la minería ilegal moviliza el orden de los tres (03) mil millones de dólares al año en el país y genera unos veinte (20) delitos conexos.
El oro producido ilegalmente se "formaliza" tanto en el interior como en el exterior del país.
Los efectos combinados de sucesos dependientes y fluctuaciones estadísticas quedaron registradas, pero lamentablemente la información existente se encuentra dispersa en diferentes autoridades competentes y se continúa reaccionado sin mayor planificación en el tema de Formalizar a los mineros que se encuentran laborando al margen de las leyes peruanas.
Fuentes oficiales del ejecutivo indicaron que la ley de formalización de la minería ilegal del año 2001 fue un fracaso porque no ofreció los incentivos correctos para cumplir con los fines propuestos.
En el país existen plazos perentorios para formalizar a miles de mineros que vienen realizando labores informalmente en territorio peruano,particularmente en la minería de oro, y desde el 08 de mayo del 2013 la Presidencia del consejo de ministros tiene un asesor para asuntos de interdicción de la minería ilegal.
Hay consenso entre las fuerzas vivas del país al considerar que son necesarios esfuerzos conjuntos para reducir el impacto de la minería ilegal, sin embargo persisten algunas dudas respecto a limitaciones de condiciones de trabajo y restricciones previstas en tiempo y espacio.
Recientemente, el gobierno nacional peruano, dictó una serie de medidas para generar resultados de impacto inmediato,haciendo énfasis en destrabar la ejecución de inversiones_incluidas las inversiones mineras_con un equipo especializado de seguimiento a proyectos de inversión .
Asimismo estableció sanciones a los funcionarios que apliquen arbitrariamente barreras burocráticas, agilizando la aprobación de trámites y reformulando reglas del mecanismo de obras por impuestos.
Existe manifiesta voluntad de continuar el proceso de formalización de los pequeños mineros artesanales con una perspectiva de inclusión social.
De otro lado, el presidente Humala expresó "la firme decisión de luchar contra la minería ilegal, lacra que viene depredando nuestro medio ambiente y destruyendo nuestro Patrimonio
Nacional. Se aplicará todo el peso de la ley y se intensificarán las interdicciones",manifestó en su discurso presidencial a la nación del 28 de Julio último.
Agenda pendiente
Para atacar las causas estructurales que originan la minería ilegal, es preciso "un real y efectivo conocimiento del manejo y gestión de cuencas hidrográficas" por la heterogeneidad de las variables en los distintos pisos altitudinales que presenta el paso de la Cordillera de los Andes por territorio peruano.
Pasa también por despolitizar el tema de la Ley de consulta previa y sobre todo, no se puede ni debe soslayar el factor humano, aquellos seres humanos excluidos y desplazados que son utilizados por la minería ilegal.
En este sentido, se hace necesario e indispensable contar con proyectos y medidas inmediatas que incorporen una alianza público-privada para captar a los recursos humanos manejados en la clandestinidad por la minería ilegal. De esta manera se podrá recuperar a la población vulnerable y distinguirlos de aquellos que se enriquecen a costa de su postración.
Esperar los plazos burocráticos previstos por los proyectos de inversión pública para estos casos especiales, eventualmente generaría inestabilidad política que podría afectar la gobernabilidad del país.
Inteligencia financiera deberá manejar la linea base de los nuevos millonarios que continúan surgiendo de actividades directas o conexas a los delitos relacionados con la minería ilegal.
Inteligencia financiera deberá manejar la linea base de los nuevos millonarios que continúan surgiendo de actividades directas o conexas a los delitos relacionados con la minería ilegal.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, es necesaria el accionar de líneas de trabajo lógicas,secuenciales y sistémicas;estableciendo jerarquías valorativas en términos de costo social, mirando de cerca el proceso de aprendizaje de las cosas positivas y negativas que nos dejara el Programa de Desarrollo Alternativo Participativo y los múltiples operativos de erradicación forzada o voluntaria de la hoja de coca,destrucción y quema de centros de procesamiento y laboratorios, control aéreo en la lucha contra el TID, por citar algunos.
Debemos tener presente que el control de insumos químicos y combustibles,el seguimiento y represión del lavado de activos, control de plantas concentradoras y pistas aéreas clandestinas,las interdicciones, entre otras acciones , constituyen parte de un todo, ese universo que también involucra la judicialización de los "negocios" que devienen en delitos ambientales.
De otro lado, recordemos que los vuelos de interdicción quedaron suspendidos desde que un avión A-37 de la Fuerza aérea peruana, acribilló por error a un hidroavión Cessna 185,matando a la misionera norteamericana Roni Bowers a a su hija, en el año 2001.
En resumen, se podrá reducir y controlar la minería ilegal si se planifica la intervención en diversos escenarios de la realidad peruana, hacer esto demandará no sólo la acción concertada de las fuerzas vivas del país, sino el decidido apoyo de la sociedad civil organizada toda.
Caso contrario, sólo se estaría repitiendo la historia de la minería ilegal y dilatando en el tiempo el buscar una solución que históricamente es demandada por diversas localidades del país y millones de peruanos que buscan incorporarse al crecimiento y desarrollo que viene logrando el Perú de hoy.
